Drogodependencia, externalización de servicios sociales y la Asoc. Cauces

La
drogodependencia es la dependencia causada por el consumo continuado de
sustancias estupefacientes. La dependencia tanto física o psicológicas
al consumo continuado hace que estas personas sean incapaces de tener
cualquier tipo de responsabilidad, produciendo multitud de problemas
personales y sociales debido a su precaria situación que le conlleva la
adicción. Son personas por tanto en riesgo de exclusión social, ya que,
además de los problemas económicos y sociales que acarrea la adicción,
son rechazados totalmente por la sociedad en general y apartados de la
misma, condenándolos al aislamiento y al desprecio más absoluto.

El
estado del bienestar, es una respuesta institucional basada en la
cooperación altruista. Tiene su raíz en evitar el malestar social que
llevó a Europa a la Segunda Guerra Mundial. Es un pacto social que
establece un reparto equitativo de los benefícios y de la riqueza de la
población. Tiene como pilares:

– La existencia de un estado que pueda intervenir en la vida social y económica.

– El concepto de ciudadanía social (libertad individual, derechos políticos y sociales).

Por tanto son aquellas instituciones y recursos que
el estado pone a disposición de cualquier individuo en riesgo de
exclusión social y a las familias de los mismos, ya que el estado debe
de garantizar la protección social de toda la población del estado, si
el estamento familiar no tiene la capacidad suficiente para garantizar
el bienestar social de uno o varios individuos que la compongan.

Los servicios sociales

Los
servicios sociales es un tipo de servicio fundamental para el bienestar
social de la población. Estos mismos tratan de identificar las
necesidades de la población y se encargan de prevenir, paliar o corregir
los diversos desajustes en la autonomía de la vida cotidiana de los
individuos o las familias.

En el caso de las personas
drogodependientes, los servicios sociales deben abordar el diagnostico
de las necesidades del individuo, la asistencia personalizada, la
desintoxicación, la terapia, la regulación de la persona, la
potenciación de la autonomía y de las habilidades sociales del mismo, el
apoyo en la adquisición de hábitos diarios, de alternativas de ocio, la
inserción laboral y la prevención de recaídas.

La externalización
Las
ONG son entidades privadas sin animo de lucro con objetivos
“solidarios”. Desde hace unos años, la Comunidad de Madrid (CM) esta
externalizando los servicios sociales para que estos sean gestionados
por ONG`S, fundaciones y otras entidades o empresas privadas. Esto hace
que se traslade el riesgo y los costes a las pequeñas asociaciones que
demandan la gestión de los servicios que debería dar la CM, cobrando sus
ganancias con la reducción de la calidad del servicio y empeorando las
condiciones laborales de los profesionales del sector, instaurando la
precariedad laboral y haciendo los recursos y servicios cada vez más
deficientes.

Dentro de la intervención social, este fenómeno se ha
empezado a producir gracias a los ataques liberales al estado del
bienestar y a la imposibilidad del estado para generar recursos que
puedan cubrir las necesidades y demandas de la población. Necesidades y
demandas surgidas por el libre mercado y la desigualdad que el mismo
genera entre los/as trabajadores/as condenados a formar parte del factor
trabajo en la producción a cambio de una misera percepción económica o
salario. Los propios economistas reconocen los fallos del mercado, al no
cumplirse el principal postulado del sistema actual (la búsqueda del
interés individual genera buenos resultados para la sociedad en su
conjunto). Así los cuatro grandes pilares que forman parte del estado
del bienestar: los Servicios Sociales, la Educación, la Sanidad y la
Seguridad Social, están externalizando sus servicios a multitud de entes
con distintos intereses para conseguir dos claros objetivos:

La
reducción del gasto social, tal y como exigen desde la cúpula de la
órbita financiera para incrementar el beneficio de terceros e
interesados.
Salvar la responsabilidad ante el incumplimiento de
ciertas metas o en la protección y mantenimiento de derechos y
libertades. Así se protegen los políticos, élites funcionariales y
consejeros nombrados a dedo.

Las consecuencias de las
externalizaciones y privatizaciones son nefastas para los profesionales
de la Intervención Social y para los usuarios de los servicios sociales.
La precariedad laboral que sufrimos los/as trabajadores/as de la
intervención social, la eventualidad, las subrogaciones, el chantaje
emocional, la disgregación del sector, los  cambios constante de
empresas y de condiciones laborales en un mismo puesto de trabajo, la
falta de empleo estable, son factores que lleva a situaciones laborales
totalmente precarias. Por tanto los/as profesionales no pueden realizar
su labor con efectividad y los/as usuarios/as no pueden recibir una 
intervención eficaz y positiva.

La adquisición de estas ONGs y
asociaciones, de todo tipo de cuantiosas subvenciones de organismos
públicos y privados, gestionadas de forma pésima y avariciosa, convierte
la pobreza y la exclusión social en un rentable negocio, rompiendo por
tanto su principio de ausencia de ánimo de lucro.

La Asociación Cauces, ejemplo de pésima gestión, explotación laboral y nula capacidad de intervención

La
Asociación Cauces se define como una asociación con la finalidad de
prevención, atención, acompañamiento y promoción de personas cuyo
itinerario vital les ha llevado a la marginación. Todo el ideario de
esta asociación puede parecer muy bonito y muy progre, si no se
desenmascara la realidad que se vive día a día en sus  pisos de apoyo al
tratamiento.

El P.A.T (Piso Apoyo al Tratamiento) y comunidad
terapéutica de Almendrales estaba subvencionado por el instituto de
adicciones de la red de asistencia del Ayuntamiento de Madrid. En el se
realizaba una labor terapéutica con los/as usuarios/as que acaban de
salir de desintoxicación. Fue cerrado el 22 de Diciembre del año 2010
por la falta de concesión monetaria del Ayuntamiento de Madrid en su
política de recorte de los servicios sociales, dejando a todo el
personal del piso en la calle, cortando los programas que se seguían con
los usuarios, destinándolos a albergues o mandandolos a su casa (los
que la tengan), siendo esto una gran zancada hacia atrás en la
intervención con estas personas. (Actualmente vuelve a estar en
funcionamiento)

El P.S.A.T (Piso Supervisado de Apoyo al Tratamiento)
de Rivas esta subvencionado por la Agencia Antidroga de la Comunidad de
Madrid. Es el único piso de apoyo al tratamiento que gestiona en la
actualidad Cauces. Junto a el, los demás pisos relacionados con el CAID
(Centro de Atención Integral a Drogodependientes) Sur están
externalizados y gestionados actualmente por Progestión y Mundo Justo,
además de Cauces. En este piso, según indica la asociación, debería
estar funcionando a través de un equipo formado por 4 psicologos/as, una
psicopedagoga, 2 educadores/as sociales, un/a enfermero/a, un/a
cocinero/a y 7 voluntarios/as que presten atención y acompañamiento al
piso. La realidad se distancia mucho de lo que ellos propugnan. El piso
esta gestionado por 3 psicologas y varias integradoras sociales o
estudiantes de trabajo o educación social. Además la asociación tiene
convenio con distintas universidades o institutos de formación
profesional de grado superior para contar con trabajadores/as en
prácticas.

La explotación laboral que sufren los/as profesionales que
aquí desempeñan su función es patente y se hace notar en el
funcionamiento del piso: realizan más horas de las firmadas en el
contrato sin cobrarlas (lo que la empresa denomina favores) o no cumplen
el mínimo de descanso de 12 horas que establece la ley entre jornada y
jornada laboral. Además las 3 psicologas se ven desbordadas ante las 12
personas que tienen que atender constantemente día a día, ya que cada
usuario tiene unas necesidades propias que hay que trabajar
constantemente, además de las necesidades grupales. Por  si fuera poco,
no se suplen las bajas que puedan tener los/as profesionales Además se
ven sometidos/as al pésimo trato que reciben por parte de la
coordinadora de proyectos y actividades de la asociación. Esto produce
un mal ambiente de trabajo que perjudica tanto la salud y la labor de
las profesionales así como la atención de los usuarios, además de una
ilegalidad. Curiosamente, la empresa no permite a las trabajadoras verse
fuera del horario de trabajo, impidiendo por tanto cualquier tipo de
relación de las mismas fuera del ámbito estrictamente profesional, que
se puedan relacionar todas entre sí y que puedan plantear todos los
problemas que las pueda surgir con la empresa, y el organizarse para
solucionarlos.

Los/as trabajadores/as en practicas se dividen en
estudiantes de Integración Social y estudiantes de Psicología. Los/as
estudiantes de Integración Social desempeñan su labor por la mañana. Su
actividad no esta remunerada de ninguna manera. Realizan un total de 740
horas de prácticas de manera totalmente gratuita. La teoría de las
prácticas en la Formación Profesional y su sentido está en que los
alumnos aprendan y se formen dentro del entorno laboral para adquirir
experiencia sobre el sector para así alcanzar la inserción laboral de
una manera más sencilla y efectiva. Sin embargo, los estudiantes de
Integración Social en esta empresa se encuentran con que ejercen labores
que no les corresponde como Integradores, no son acompañados ni
atendidos en ningún momento por su responsable en el desempeño de
cualquier actividad, ni siquiera cuando tienen que hacer los
acompañamientos con los usuarios (control externo). Siendo la
coordinadora la encargada de la labor pedagógica de los alumnos de
Integración Social, son en definitiva las trabajadoras las encargadas de
esta labor, siendo los estudiantes una carga más. Sin embargo, la
coordinadora de las actividades de la asociación recibe el dinero por la
labor que justamente no desempeña. Además, la asociación tiene el
descaro de mandar a realizar búsquedas de ocio para los/as usuarios/as
al centro de día justamente cuando tienen algún tipo de inspección (ya
que incumplen totalmente la normativa tanto laboral, como la de los/as
estudiantes de prácticas). Para rematar la faena, estos estudiantes son
presionados mediante el chantaje, la coacción, o la manipulación si se
niegan a hacerle favores a la asociación. Aun siendo denunciadas estas
situaciones fraudulentas ante el IES Pío Baroja de Orcasitas, se han
vuelto a ofertar prácticas en esta asociación, concreta mentetres
plazas: dos en la comunidad terapéutica ubicada en Almendrales y una en
el centro de día de la empresa en el barrio de Usera, orientado al
empleo, ocio y cursos de informática.

Idéntico es el problema que
tienen los/as trabajadores/as en practica de la universidad, con la
diferencia de que estas si cobran un salario por parte de las
universidades. La situación de abusos por parte de Cauces es idéntica al
de los estudiantes de Integración Social, añadiendo que cuando se
presentan la inspección, se suele usar a los/as trabajadores/as en
prácticas de la universidad como personal laboral para ocultar la
carencia de personal que pueda haber en el piso.

Este pésimo ambiente
laboral  junto  con el nefasto tratamiento conductista caracterizado
por una forma de intervención social reproductora de la injusticia
social, la presión que reciben los/as usuarios/as por el recorte en el
periodo que ha sufrido la estancia en los pisos (ahora son 4 meses en
vez de 6 como estaba estipulado anteriormente) además de las situaciones
personales que pueda tener cada usuario/a, se traduce en una total
ineficacia para tratar los problemas y las necesidades de los/as
usuarios/as que tienen que ser tratados en esta empresa. Esto conlleva,
si ya es complicada el trabajo y tratamiento de las adicciones, que el
numero de recaídas o renuncias a estos tratamientos sean cada vez más
altas, y por consiguiente se haga patente y clara  la total ineficacia
de las gestiones de las asociaciones privadas de lo relacionado con lo
social, y las políticas de convertir la marginalidad y la exclusión que
genera la desigualdad económica y el capitalismo en rentabilidad y
beneficios.

Desde la CNT nos posicionamos
en contra totalmente de las políticas de recortes sociales que esta
llevando a cabo el gobierno del Estado Español, las Comunidades
Autónomas y los Ayuntamientos, así como somos contrarios a la
externalizaciones de los servicios sociales ya que dejan en manos de los
intereses económicos las necesidades y derechos de las personas
excluyendolas de una plena participación en la sociedad. Exigimos por
tanto para mejorar la calidad y la intervención de los servicios
sociales:

1. Que los servicios sociales públicos dejen de ser
gestionados por empresas privadas, entidades, asociaciones u otras
ONG’S, las cuales no combaten la exclusión, sino gestionan la misma,
como es el caso de la Asociación Cauces.

2. Aumento salarial para
mejorar la calidad de vida de los profesionales y por consiguiente su
mejor dedicación a esta labor, y mejoras de las condiciones laborales
(funcionarización, reducción de jornada a 30 horas semanales, etc.).

3. 
Cese de los recortes sociales por parte de la administración, mejora de
la calidad de los recursos existentes y potenciación de más recursos.

4.
La libertad de conciencia, alejando la intervención de la caridad de
la  iglesia católica y sus organizaciones afines, para transmitir
herramientas de supongan el desarrollo integral (social, afectivo,
cognitivo, cultural, etc.) del sujeto fomentando su autonomía y
responsabilidad frente a sus actos.

Desde la CNT defendemos los
servicios públicos y potenciamos la calidad de los mismos para dar un
buen servicio a los trabajadores/as. Entendemos que son una prestación
del  estado para paliar un mal menor, por lo  ponemos sobre la mesa la
visión de  que la mejor manera de gestionar los servicios públicos es a
través de la autogestión de los mismos por parte de los trabajadores/as y
profesionales del sector de manera horizontal y asamblearia, eliminando
las jerarquías y la politización del gobierno de turno, ya que somos
los/as trabajadores/as, los principales agentes que tratan con los
usuarios, y no los despachos de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento
de Madrid o del Estado Español. Además, los trabajadores/as
organizados/as en la CNT de manera federalista con los compañeros/as de
los distintos ramos de producción, luchamos por la transformación
social, acabando con la explotación y por tanto  con las clases sociales
y la desigualdad económica, principal causante de la exclusión y la
pobreza que existen tanto en el Estado Español como en el resto del
mundo.

EL capitalismo y las relaciones de poder que genera hace imposible hablar de justicia y de igualdad.

Contra la privatización de los servicios sociales, hacia la autogestión

 


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