Crónica de un conflicto contra el ERE en Alumalsa

SINDICAL | Zaragoza | Fotografías: Manifestaciones convocadas por la sección sindical de CNT en Alumalsa | Extraído del cnt nº 426

A finales del pasado mes de septiembre, Alumalsa (la mayor fundición del Estado español) notificó a su plantilla la intención de llevar a cabo un ERE de extinción con el que pretendía despedir a 230 trabajadoras y trabajadores.
Esta maniobra empresarial vino precedida por la aplicación de sucesivos ERTEs a raíz de la pandemia de COVID-19 (el último de los cuales finalizaba el 31 de octubre), y fue planteada en un momento en el que la plantilla se hallaba en una situación completamente anómala ya que la habitual celebración de asambleas dentro de la fábrica resultaba imposible debido a dicha pandemia. Por ello, fue necesario buscar de inmediato mecanismos alternativos que permitieran la participación e implicación de toda la plantilla en el conflicto que se avecinaba, y ya el 27 de septiembre se pudo realizar una primera asamblea al aire libre en la que el sentir general fue de no aceptar ningún despido, dándose el mandato a las distintas representaciones sindicales presentes en la empresa de que buscasen otras alternativas que evitasen cualquier forma de despido colectivo.

Así, las negociaciones del periodo de consultas dieron comienzo a principios del mes de octubre, componiéndose la mesa negociadora con representantes de los cuatro sindicatos presentes en el comité de empresa (SITA, UGT, CCOO y OSTA) y de la sección sindical de la CNT. Durante el periodo de consultas, la empresa se limitó a presentar los despidos como inevitables, procurando centrar la negociación en su número y la cuantía de las indemnizaciones, sin aceptar planteamientos alternativos. Por esta razón, la plantilla inició una serie de movilizaciones para nivelar la balanza en la mesa negociadora, de manera que el 5 de octubre se produjo una primera y multitudinaria manifestación que atravesó buena parte de la ciudad de Zaragoza y que contó además con apoyo de militancia confederal de otros lugares, que se desplazó al lugar solidariamente.

Pese a la unidad mostrada por la plantilla, las representaciones de SITA, UGT, CCOO y OSTA se descolgaron de esa dinámica, cuyo lema unitario había sido la defensa del pleno empleo, y entraron en el marco planteado por la empresa.

Los siguientes días del periodo de consultas transcurrieron en una tónica similar, con movilizaciones secundadas por toda la plantilla y sindicatos, y con una dirección empresarial empeñada en no negociar nada que no fuese el número final de personas despedidas y las indemnizaciones a abonar, pese a que del análisis de la información entregada y de la situación de la fábrica se fueron produciendo las primeras contrapropuestas por parte de la representación de la plantilla, tales como la aplicación de un nuevo ERTE que permitiera mantener todos los puestos de trabajo a la espera de superar la situación provocada por la pandemia y sus efectos (la mayoría de ellos alegados ya con anterioridad por la empresa precisamente para la aplicación de los ERTEs previos al despido colectivo), cuyo carácter era y sigue siendo puramente coyuntural y por lo tanto no podía justificar, a juicio de la CNT, ninguna medida definitiva tal como un despido colectivo.

Por otra parte, y continuando el análisis sobre por qué resultaba inadmisible la intención de la empresa, debe destacarse que Alumalsa (como la mayoría de las empresas del sector de la siderometalurgía) cuenta con una plantilla cuyo personal obrero está altamente masculinizado, al tratarse de una industria tradicionalmente vedada a las mujeres, quienes solo en los últimos años y de manera insuficiente se han podido empezar a incorporar a estos puestos de trabajo, aunque en número todavía muy desproporcionado a favor de los hombres. Pues bien, el principal método de selección planteado por la empresa para determinar las personas afectadas por el ERE no fue otro que la menor antigüedad, de manera que entre los 230 despidos planteados se hallaba la totalidad de las mujeres del personal obrero (salvo tres de ellas que, por ser miembros del comité de empresa, no podían ser despedidas por tener prioridad de permanencia), produciéndose así un caso palmario de discriminación indirecta por razón de sexo, al utilizar Alumalsa un criterio aparentemente neutro cuyos efectos repercuten sin embargo de manera absolutamente desproporcionada sobre un sector de la plantilla que ya arrastra una situación inicial de desigualdad en el acceso al empleo por razón de su sexo: las mujeres.

Inmersos en este pulso, el sábado 18 de octubre se produjo la mayor de las manifestaciones realizadas en contra de las intenciones de la empresa, a la que asistieron miles de personas, contándose entre ellas la práctica totalidad de la plantilla y sus familias y personas allegadas, y que contó también con una nutrida presencia confederal, desplazándose nuevamente compañeras y compañeros de otros lugares para apoyar la lucha emprendida.
Sin embargo, y pese a la unidad mostrada por la plantilla durante todo el proceso, el lunes siguiente a esta movilización las representaciones de SITA, UGT, CCOO y OSTA se descolgaron de la dinámica seguida hasta entonces, cuyo lema unitario había sido la defensa del pleno empleo, y entraron en el marco planteado por la empresa, aceptando como inevitable la consumación del despido colectivo, abandonando el debate sobre la existencia o no de causas reales (que hasta ese momento había dominado las reuniones entre las partes), y limitándose a discutir cuántos despidos habría finalmente y a qué precio. Frente a esto, no obstante, la sección sindical de la CNT se mantuvo firme en su intención de no aceptar despidos.

Fruto de esta disparidad de criterios se convocaron dos huelgas indefinidas, una por parte de CNT (con el objetivo de evitar los despidos) y otra por parte del resto de sindicatos (con el objetivo de que las personas despedidas fueran menos que las inicialmente previstas y con mayores incentivos económicos). Ambas huelgas comenzaron el 25 de octubre a las 22:00, siendo el seguimiento prácticamente total entre el personal obrero, pese a lo cual la empresa y los cuatro sindicatos que aceptaron dar por inevitable el despido colectivo consiguieron con el paso de los días encerrar a la plantilla en el falso dilema entre «lo malo y lo peor» que venían tratando de plantear desde el inicio, situándola ante una elección entre aceptar un preacuerdo de 180 despidos (indemnizados como improcedentes cuando no fuesen voluntarios) o que se aplicara la intención inicial de la empresa, tirando así por la borda y de un plumazo el mes que se llevaba de lucha, y obviando deliberadamente cualquier opción de oponerse al ERE, como si tales opciones no existieran.

En este conflicto se ha evidenciado el modelo sindical de la CNT, que asume que la destrucción de empleo no soluciona ningún problema de la clase obrera, y que considera al tiempo que la perspectiva feminista debe estar presente en cada conflicto.

Así las cosas, el 31 de octubre, con el rechazo de la CNT y de 96 votos en contra, la mayoría de la plantilla votó a favor de elevar a definitivo el preacuerdo mencionado, de manera que la mayoría de la comisión negociadora (todos sus integrantes salvo el delegado de CNT) firmó el acuerdo de fin de período de consultas, aplicando después la dirección de Alumalsa 171 de los 180 despidos firmados.

La valoración de la sección sindical de la CNT de dicho acuerdo es muy negativa, por múltiples motivos: primero, porque con su firma se convalida un despido colectivo cuyas causas eran más que cuestionables, habida cuenta de que la mayoría de las alegadas por la empresa se habían utilizado ya para justificar ERTEs COVID, de manera que el acuerdo cancela por la vía de los hechos los derechos que el artículo 2 del RD-ley 9/2020 reconoce a la clase trabajadora (que las causas de los ERTEs COVID en ningún caso puedan justificar despidos); segundo, porque es un acuerdo que consuma la discriminación indirecta por razón de sexo contra las mujeres del personal obrero de la empresa (de las que finalmente fueron despedidas dos tercios, siendo dicha incidencia el doble de la que en términos generales se produjo en la plantilla); tercero, porque dicho acuerdo entra en la lógica (nefasta para la clase obrera) de que las crisis empresariales se solucionan mediante la destrucción de empleo, lo cual no conduce a otra cosa que a la desindustrialización de nuestros territorios y a la consiguiente pérdida de derechos para toda la clase trabajadora.

El desarrollo de este conflicto evidencia por lo tanto la necesidad de consolidar un modelo sindical diferente que, en materia de despidos colectivos, tenga por pauta la no aceptación de ninguna consecuencia sin antes analizar las causas en su raíz última, y que por lo tanto tenga claro que la firma de despidos nunca es una opción. Un modelo sindical que asuma que la destrucción de empleo no soluciona ningún problema de la clase obrera, y que asuma también que la perspectiva feminista debe estar presente en cada conflicto y en cada pelea que se libre con la patronal. Ese es el empeño de la CNT y en esa labor continuará, afrontando cuantas luchas vengan en el futuro.

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