La regularización extraordinaria de personas migrantes aprobada por el Gobierno español se presenta como un gesto histórico, humanitario y progresista. Sin embargo, desde una perspectiva anarquista, conviene desplazar la mirada: no tanto hacia lo que se concede, sino hacia quién concede y bajo qué lógica.
Vaya por delante la admiración y el aplauso a todas las organizaciones y colectivos de
personas migrantes que han trabajado calle a calle y durante tantos años para que estos
derechos se vean reconocidos. Aquí van a encontrar una mano amiga desde el
reconocimiento y la admiración.
Aún así el punto de partida es incómodo para el relato institucional: la llamada
“irregularidad” no es una condición natural, sino una producción política. Es el Estado quien
crea sujetos ilegales mediante leyes de extranjería, controles administrativos y fronteras
armadas. Regularizar, entonces, no es un acto de generosidad, sino una corrección parcial
de una violencia previa ejercida de forma sistemática.
La medida alivia, sin duda, la vida de cientos de miles de personas. Reduce el miedo
cotidiano, permite el acceso a derechos básicos y abre espacios de defensa colectiva.
Desde abajo, tener papeles importa. Negarlo sería una abstracción cruel. Pero ese alivio no
debe confundirse con emancipación. La regularización no desmantela el régimen que
produce la exclusión; lo gestiona. Selecciona, filtra y decide quién merece quedarse y quién
sigue siendo expulsable.
El discurso que acompaña la medida revela su núcleo: la necesidad de mano de obra, la
sostenibilidad del sistema, la escasez en determinados sectores. El sujeto migrante aparece
así no como persona, sino como recurso económico. La dignidad se vuelve condicional:
existe en tanto se trabaja, se cotiza, se encaja. El permiso de residencia no reconoce una
vida; autoriza una utilidad.
Desde una mirada anarquista, la regularización funciona también como un dispositivo de
control. La ilegalidad total se transforma en legalidad vigilada. Los derechos otorgados son
reversibles, los permisos caducan, la amenaza de expulsión nunca desaparece del todo. Se
sustituye la persecución abierta por una dependencia silenciosa. El mensaje es claro:
puedes quedarte, pero bajo nuestras reglas.
Y, sin embargo, esta contradicción no invalida las luchas que la han hecho posible.
Históricamente, ningún derecho ha sido concedido sin presión. La regularización no nace de
la benevolencia estatal, sino del conflicto social, de la resistencia cotidiana, de la
imposibilidad de seguir sosteniendo un sistema que necesitaba cuerpos invisibles para
funcionar. En ese sentido, no es una victoria del Estado, sino una grieta arrancada desde
abajo.
El anarquismo no rechaza el alivio inmediato ni romantiza la precariedad. Pero insiste en no
confundir el parche con la solución. Mientras la libertad de movimiento siga siendo un
privilegio y no una condición humana, mientras los derechos dependan de documentos y no
de la vida misma, cualquier regularización será siempre eso: un alivio dentro de una jaula.
La pregunta que queda no es si esta medida es suficiente, sino por qué, en pleno siglo XXI,
una persona necesita autorización para existir en un territorio. Mientras esa pregunta siga
abierta, la lucha no ha terminado
