UVA de Hortaleza: la vivienda sigue siendo lucha

A CONTRACORRIENTE | Ilustración de Rebeca Líbera | Extraído del cnt nº 441

Hace más de sesenta años, 1,104 familias llegaron a la Unidad Vecinal de Absorción de Hortaleza, en el entonces extrarradio de Madrid. Venían de distintos rincones de España, en su mayoría familias trabajadoras migrantes que buscaban empleo en una ciudad en expansión y un techo donde criar a sus hijos. Como se decía entonces: «La ciudad te hará libre», puesto que las condiciones en el medio rural se acercaban a la esclavitud. La UVA fue concebida como un realojo «provisional», un parche urbano del franquismo para contener la proliferación de chabolas. Pero aquel parche se convirtió en residencia definitiva: seis décadas después, aún hay familias esperando las viviendas prometidas y las escrituras que nunca llegaron

«La vivienda no es un privilegio, es un derecho», resume Raquel, de la asociación vecinal La Unión de Hortaleza, que agrupa a buena parte del vecindario que sigue resistiendo. La lucha de la UVA es, para ella, «una historia de abandono institucional, de promesas incumplidas y de dignidad popular frente al desprecio administrativo».

Pasado: realojos urgentes y promesas rotas

La historia comienza en los años cincuenta. El éxodo rural hacia Madrid trajo una avalancha de mano de obra sin vivienda. En los barrios periféricos —Tetuán, Ventas, Vallecas, Usera—, los propietarios de terrenos no edificables permitían a los recién llegados construir chabolas a cambio de dinero. En 1955, el Plan Nacional de la Vivienda quiso ordenar aquella expansión. En 1957, el Plan de Urgencia Social de Madrid pretendió «absorber» el chabolismo, no eliminarlo: su objetivo real era esconder la pobreza bajo el hormigón.

En ese contexto, en 1963 se levantó la UVA de Hortaleza: 1 104 viviendas prefabricadas, de carácter temporal, en régimen de arrendamiento con promesa de compra. Eran casas pequeñas y humildes, de construcción apresurada. El escritor Manuel Rico, uno de los primeros vecinos, la recuerda así: «Tenía unos cincuenta metros cuadrados. Disponía de tres habitaciones. Su salón supuso una gran decepción, porque estaba unido a la cocina. No estaban dadas de llana las paredes, eran de yeso negro». El yeso negro es el de menor calidad, utilizado habitualmente para tapar huecos o maestrear antes de enlucir. «Lo mejor era contar con aseo y bañera. El calentador de agua lo teníamos que poner nosotros, al igual que la calefacción. Compramos una estufa Super Ser, pero pasábamos mucho frío» -sentencia. Viniendo de una chabola, cualquier cosa es mejorar.

Apenas dos años después, en 1965, ya hubo que hacer reparaciones por goteras. En los setenta, el deterioro era evidente. La administración imponía sanciones a quienes no podían costear las obras que le correspondían al Estado. En 1986, el barrio fue incluido en un Plan de Remodelación que debía realojar a 642 familias y rehabilitar otras 530 viviendas. Sin embargo, los plazos se alargaron hasta el absurdo: en 1993 se entregaron las primeras 36 viviendas nuevas; en 2003, solo 296 de las 1.104 iniciales. La promesa de una solución «provisional» ya duraba cuarenta años.

Presente: un barrio que resiste

El balance hoy es descorazonador. Según el manifiesto vecinal, en 2014 las familias terminaron de pagar sus casas, pero la Comunidad de Madrid —propietaria a través del IVIMA, hoy Agencia de la Vivienda Social (AVS)— se niega a entregar las escrituras. Se incumplen los contratos originales, se cambian las normas sobre la marcha y se trata a los vecinos como «arrendatarios de emergencia» en vez de propietarios en proceso de amortización.

Raquel confirma que «muchas de las familias han pagado íntegramente su vivienda, pero no se les reconoce ni la propiedad ni el derecho de sucesión». Además, denuncia que la AVS impone nuevas condiciones para las subrogaciones: «Exigen requisitos que no estaban en los contratos originales y amenazan con desahucios a hijos o herederos legítimos.»

A la precariedad jurídica se suma la material. Las casas sufren humedades, grietas, cableado obsoleto y un aislamiento casi inexistente. «Vivimos en unas condiciones insoportables de inhabitalidad e insalubridad», repiten los comunicados vecinales. La propia AVS ha reconocido retrasos, prometiendo la entrega de 225 nuevas viviendas en 2023, pero la previsión quedó nuevamente incumplida.

La lucha de la UVA es una historia de 60 años de abandono institucional, de promesas incumplidas y de dignidad popular frente al desprecio administrativo.

«El desprecio, el engaño y el expolio definen la gestión de la Comunidad», sentencia Raquel. «Han gobernado durante décadas sin asumir su responsabilidad, y la gente sigue esperando una vivienda digna en pleno siglo XXI.»

El grupo que se está reorganizando ahora es relativamente reciente; aún no ha tenido tiempo para debatir en profundidad cuestiones como la especulación del suelo o la privatización de terrenos públicos, pero sí ha tenido que enfrentarse al abandono cotidiano. «Nos preocupa el presente —dice Raquel—: las familias mayores que siguen en casas llenas de humedad, los expedientes de desahucio, el silencio de la administración.»

Futuro: dignidad y autogestión

Pese al cansancio y los años de espera, el barrio no se rinde. Las reivindicaciones de La Unión de Hortaleza, recogidas en su manifiesto, son claras y concretas:

• Realojar de inmediato en viviendas dignas a las familias que aún resisten.
• Paralizar cualquier desahucio, tanto en la UVA como en las viviendas de realojo.
• Permitir la subsanación de errores administrativos o burocráticos que impiden el reconocimiento de derechos.
• Autorizar las subrogaciones conforme a los contratos originales y el derecho de sucesión.
• Ofertar en venta todas las viviendas de realojo ya entregadas.
• Garantizar la participación vecinal en la planificación del barrio y en la definición de espacios públicos y dotaciones.

Raquel resume así la meta colectiva: «Queremos viviendas dignas, no favores. Queremos decidir sobre nuestro barrio, no ser simples ocupantes tolerados.»

Para los vecinos, la UVA simboliza el fracaso histórico de la política de vivienda en Madrid: seis décadas de parches y retrasos, mientras el suelo público se convierte en mercancía y los barrios populares se empujan fuera del mapa. El caso de Hortaleza es espejo de lo que sucede en toda la ciudad: trabajadores y migrantes que levantan la urbe y luego son desplazados por el precio del metro cuadrado.

«Queremos un barrio vivo, con escuelas, centros sociales, huertos, espacios comunes.» La asociación apuesta por una remodelación participada, no impuesta; por un urbanismo que reconozca la vida cotidiana frente a los balances presupuestarios.

En 1989, las movilizaciones lograron incluir la UVA en los programas de remodelación. En los años noventa, el vecindario firmó acuerdos con el IVIMA y el Ayuntamiento. En 2014 se cumplieron los contratos de amortización. En 2024, la AVS ha ejecutado incluso el primer desahucio directo de una residente con quince años de antigüedad, alegando «ocupación irregular». La historia se repite: quienes construyeron el barrio siguen siendo expulsados.

«Nos torea el tiempo y la burocracia, pero seguimos aquí», dice Raquel. «No queremos que la UVA sea un recuerdo, sino un barrio vivo, con escuelas, centros sociales, huertos, espacios comunes.» La asociación apuesta por una remodelación participada, no impuesta; por un urbanismo que reconozca la vida cotidiana frente a los balances presupuestarios.

Conclusión: la vivienda, derecho colectivo

El caso de la UVA de Hortaleza interpela al conjunto de la clase trabajadora madrileña. Muestra cómo la política de vivienda ha sido gestionada desde la desidia y el interés económico, dejando a los vecinos a merced de administraciones que prometen realojos «inminentes» durante décadas. La precariedad habitacional no es un accidente: es una estrategia que convierte el derecho a techo en negocio.

La asociación lanza un mensaje claro: «Nuestra lucha de barrio es también la vuestra. La vivienda, nuestras viviendas, no es un privilegio: es nuestro derecho. Y solo organizándonos podremos defenderlo.»

Sesenta años después de aquellas casas de yeso negro, la UVA de Hortaleza sigue siendo un símbolo de dignidad obrera. Una herida abierta que recuerda que sin vivienda digna no hay libertad posible.