La
última oleada de recortes emprendida por el gobierno y materializada
en el decreto 20/2012 supone un ejercicio de total y absoluto
desprecio al conjunto de la clase trabajadora. El PP en primer lugar,
por supuesto, pero también el sistema parlamentario e institucional
en su conjunto, están mostrando una completa indiferencia ante la
situación en la que están dejando a la sociedad. En estos nuevos
recortes, nos vemos afectados todos y todas: bien por la brutal
subida de impuestos, por la reducción del importe de las
prestaciones por desempleo, la limitación de cobertura del FOGASA,
la eliminación de la deducción a la compra de vivienda, la subida
del precio de la luz, la nueva regulación de la ley de Dependencia,
las privatizaciones o la desregulación de horarios en el comercio.
Pero al sector de trabajadores al que se asesta el más duro golpe es
a los empleados públicos.
Los
trabajadores públicos seguimos siendo el chivo expiatorio de la
crisis. Tradicionalmente instalados en una cierta lejanía hacia las
reformas laborales y los recortes sociales en general, el personal de
las administraciones se creía “a salvo” de la rapiña sobre los
salarios y las condiciones de trabajo que sufrimos el conjunto de los
trabajadores desde hace ya décadas. Esto no sólo era un error, como
está quedando bien a las claras, sino que había separado en dos
mundos a las personas que trabajan para la empresa privada y las que
lo hacen para la pública. Aprovechándose de este distanciamiento,
tanto el PSOE como ahora el PP están destruyendo el sector público;
no sólo empeorando las condiciones de sus trabajadores, sino
socavando la prestación de los servicios mismos.
Estos
nuevos recortes suponen para los empleados públicos la pérdida de
un 7% del salario, a través de la eliminación de una paga extra, lo
que se suma a la congelación salarial para este año y a la
reducción del 5% del salario ya practicada en 2010. A esto se añade
una reducción de la prestación en caso de incapacidad temporal y de
otros derechos laborales. Y además, en el ámbito del estado, se introducirán “criterios vinculantes de movilidad”, reservándose la administración la potestad de cambiar de puesto o de localidad de trabajo a sus funcionarios. En la práctica, esto significará que aquellos que no acepten los cambios impuestos, se verán abocados a su separación del servicio o a pasar a las situaciones de excedencia forzosa ya previstas en el Estatuto Básico del Empleado Público.
Pero la peor medida, y que sin embargo no
aparece en los medios de comunicación, está dirigida especialmente
al personal laboral. Este decreto convierte en papel mojado los
convenios colectivos en vigor en todas las administraciones. Según
se afirma en el decreto, se posibilita la suspensión o modificación
de los convenios colectivos cuando concurra una causa derivada de
“una alteración sustancial de las condiciones económicas”. Es
decir, cuando una administración quiera adoptar un “plan de
ajuste”, “reequilibrar” las cuentas públicas, asegurar su
“estabilidad presupuestaria” o corregir su déficit, podrán
tirar el convenio que han firmado a la basura e imponer a sus
trabajadores las condiciones que le parezcan, cargándose de un
plumazo la negociación colectiva.
De
manera que el “arreglo” de la situación financiera por la que
atraviesan ayuntamientos, comunidades autónomas o el propio estado,
vuelve a cargarse de nuevo sobre las espaldas de los trabajadores.
Porque el objetivo de esta medida es claro: nuevos recorte de
salarios y derechos y más despidos para el personal laboral. Y como
decíamos antes, esto afecta en primer lugar a los trabajadores, pero
en consecuencia a toda la sociedad.
Estamos
en una situación de emergencia: los trabajadores y trabajadoras
tenemos que romper con urgencia todas las barreras entre colectivos,
dentro y fuera de la administración, tanto los del sector público
como los del privado; los que están en paro con los que aún
trabajan; los de unos territorios con los de otros; esta agresión
sólo podremos pararla juntos y bajo la única bandera de la defensa
de los derechos de la clase trabajadora.
Paralelos
a todos estos recortes cada día se nos amenaza con mayores medidas
represivas para intentar ahogar la calle. La actuación de los
“servicios del orden” es cada vez más inhumana y más absurda.
Es el momento de articular una respuesta única y fuerte, dirigida
contra esta casta de políticos y banqueros que son hoy más que
nunca, el mayor peligro para la sociedad. Estos sí que son nuestros
enemigos.
Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CNT
Foto: C.M. Homer
