Desde la CNT del Vallès Oriental queremos denunciar la gestión del episodio de lluvias intensas y, especialmente, la carencia de medidas suficientes para garantizar la seguridad de las personas trabajadoras de la comarca.
Cuando las autoridades activan avisos y alertas por fenómenos meteorológicos adversos, no es suficiente con informar a la población. Es necesario adoptar medidas preventivas que eviten que miles de personas se vean obligadas a desplazarse por las calles y carreteras para llegar a sus puestos de trabajo en unas condiciones potencialmente peligrosas.
Las empresas y la patronal también deben asumir su responsabilidad en materia de prevención de riesgos laborales.
Consideramos especialmente grave que no se haya paralizado o restringido la actividad económica cuando las condiciones meteorológicas y avisos existentes podían comportar riesgos para los desplazamientos y para el desarrollo de determinadas actividades laborales. La protección de la vida y la integridad física de las personas trabajadoras debe estar por delante de cualquier consideración productiva o económica.
Pero la responsabilidad no recae únicamente sobre las administraciones. Las empresas y la patronal también deben asumir su responsabilidad en materia de prevención de riesgos laborales. No es aceptable que, ante un episodio meteorológico adverso, se mantenga la presión para que las plantillas acudan presencialmente a los centros de trabajo como si no estuviera ocurriendo nada. Las empresas deben evaluar los riesgos, activar medidas preventivas y, cuando las circunstancias lo requieran, detener la actividad o facilitar alternativas que eviten exponer a las personas trabajadoras a riesgos innecesarios.
La patronal no puede reclamar que la actividad económica se mantenga a cualquier precio mientras los costes y riesgos de esta decisión recaen sobre las personas trabajadoras. No puede hablarse de normalidad productiva cuando llegar al puesto de trabajo puede implicar poner en riesgo la integridad física. La prevención no puede quedar subordinada a los intereses empresariales ni a la necesidad de mantener sus ritmos de producción.
También queremos poner el foco en el momento en que se hizo llegar la alerta a la población. Una alerta que llega cuando miles de trabajadores y trabajadoras han salido ya de casa y se encuentran desplazándose hacia sus centros de trabajo pierde buena parte de su función preventiva. La información ante un episodio meteorológico adverso debe ser suficientemente anticipada para que las personas puedan tomar decisiones seguras y para que empresas y administraciones puedan activar medidas preventivas con tiempo.
Ante este tipo de episodios, es preciso recordar que las personas trabajadoras tienen derechos que las empresas deben respetar. El artículo 37.3.g del Estatuto de los Trabajadores reconoce un permiso retribuido de hasta cuatro días cuando no sea posible acceder al centro de trabajo o transitar por las vías necesarias para ello, ya sea por las recomendaciones, limitaciones o prohibiciones de las autoridades o por una situación de riesgo grave e inminente. Ningún trabajador o trabajadora debería tener que escoger entre proteger su integridad física y conservar su salario. Ante una situación de riesgo, el derecho a la seguridad debe prevalecer sobre la obligación de acudir presencialmente al puesto de trabajo. Y las empresas deben informar adecuadamente a sus plantillas sobre estos derechos, en lugar de exigir una normalidad laboral que las condiciones meteorológicas no permiten.
No podemos normalizar que, ante una situación meteorológica adversa, la responsabilidad recaiga individualmente sobre cada trabajador o trabajadora, obligándole a decidir entre exponerse a un riesgo durante el desplazamiento o arriesgarse a sufrir consecuencias laborales por no acudir a su puesto de trabajo. La prevención de riesgos no puede convertirse en responsabilidad individual de quien trabaja: es una obligación empresarial.
La seguridad no puede llegar después del horario de entrada al trabajo. Cuando existe riesgo, prevenir también significa detener.
Desde la CNT del Vallès Oriental continuaremos defendiendo que ninguna actividad económica puede justificar poner en riesgo la integridad de las personas trabajadoras. Los beneficios empresariales no pueden estar por encima de nuestras vidas.