Desde el Sindicato CNT Comarcal Sur hemos interpuesto una denuncia ante la Fiscalía Provincial contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y contra altos cargos del Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, por su presunta responsabilidad en posibles delitos de prevaricación administrativa y discriminación.
Esta denuncia se presenta a raíz de las instrucciones trasladadas a los Servicios Sociales municipales para la tramitación del Certificado de Vulnerabilidad exigido dentro del actual proceso de regularización.
Desde CNT Comarcal Sur, gracias a la información recopilada por nuestra Sección Sindical en Servicios Sociales, hemos podido constatar que dichas directrices han generado un procedimiento deliberadamente restrictivo que ha supuesto un trato discriminatorio hacia la población migrante, dificultando de manera injustificada el acceso a un derecho reconocido en este proceso extraordinario.
Tras la publicación del decreto de regularización, el alcalde José Luis Martínez-Almeida manifestó públicamente que el Ayuntamiento de Madrid no colaboraría con este proceso. Posteriormente, esa posición política se habría materializado, presuntamente bajo la dirección y responsabilidad de los máximos responsables municipales y de los altos cargos del Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, mediante la imposición de trabas administrativas que han obstaculizado el acceso a estos informes.
El protocolo impuesto establecía que la solicitud solo podía realizarse mediante Instancia General presentada por Registro, obligando a numerosas personas a soportar colas innecesarias e incluso a pasar noches a la intemperie únicamente para poder iniciar el trámite. Esta decisión ha entorpecido además el trabajo que los Servicios Sociales de distrito habían comenzado a desarrollar desde el primer momento, pese a no haber recibido refuerzos de personal ni recursos adicionales para asumir esta carga extraordinaria de trabajo.
Asimismo, esta instrucción obligaba inicialmente al personal de Servicios Sociales a asignar cita previa para valorar dichos informes sin otorgar prioridad alguna al procedimiento, a pesar de que las listas de espera habituales oscilan entre los 30 y los 60 días. Por todo ello, hemos decidido llevar estos hechos ante la justicia y exigir responsabilidades políticas y administrativas a quienes hayan diseñado, autorizado o ejecutado estas directrices.
Desde CNT queremos reconocer y agradecer el esfuerzo de las trabajadoras y trabajadores de los Servicios Sociales, que están haciendo todo lo posible para superar los obstáculos impuestos y apoyar a la población migrante en este proceso de regularización.
No vamos a permitir que se utilicen las instituciones públicas para obstaculizar derechos mediante trabas administrativas.
Exigimos responsabilidades.