Invertidxs y maleantes de ayer y de hoy

EL lunes 19 de octubre, como parte de las jornadas de inauguración del nuevo local de CNT, tuvimos la mesa redonda Invertidxs y maleantes de ayer y de hoy.  El punto de partida de la mesa está en el que durante décadas hubo en España una ley de peligrosidad social que se aplicaba con dureza a quienes no se ajustaban a la idea de «la España viril y trabajadora»: homosexuales y disidencias de género, vagabundes, bohemios, extravagantes… Quisimos plantear el debate sobre si esa idea es cosa del pasado y si ha desaparecido de las instituciones y de las mentes. Y no lo preguntamos por preguntar, sino porque la experiencia de muches de nuestres afiliades muestra que si eso es cosa del pasado, segumos viviendo en el pasado.

La mesa estuvo acompañada de una exposición de fanzines y publicaciones sobre su tema, incluyendo varios números históricos del Canijín, la revista que desde 1992 lleva alzando la voz contra los maltratos y cerrazones institucionales hacia la infancia; el colectivo editor de esta última publicación no pudo estar presente en la mesa por circunstancias ajenas a su querer. A pesar de esa ausencia, fue inevitable recordar durante el debate las distintas campañas y movilizaciones que han denunciado que el centro Zambrana es una cárcel de niños. Distribuimos el espacio en círculos, dando espalda a la mesa que presidía la sala y poniéndonos todas en el mismo nivel, también las personas que tuvieron a bien dar pie al debate compartiendo sus reflexiones y conocimientos:

Miguel y Piro hicieron un recorrido por el ámbito al que han dedicado sus obras, pero sin que faltase la alusión al presente al que nos enfrentamos. En la exposición de Miguel jugaron un importante papel expedientes de la policía franquista contra personas de Valladolid, rescatados por él de archivos oficiales. Quedó constancia en ellos, en los documentos de la persecución policial de a quienes el poder definía entonces como «invertidos», de cómo el principal objetivo -dentro de la arbitrariedad- de ese acoso y de las medidas represivas aparejadas no era la presunta «curación» de conductas e identidades que rompian con la norma heterosexual o el trabajo asalariado; el principal objetivo era que no contagiasen la desobediencia contra esa norma, que no hicieran pública y visible la posibilidad de otras formas de vivir. La represión iba destinada al ocultamiento de esas existencias, y estaba mediada por un componente de clase o de complicidad tolerante de clase.

Se recordó en las preguntas el caso de los Patronatos tutelados por la Iglesia contra las mujeres desobedientes, instituciones protegidas, según confirmó Miguel, por lo opaco de los archivos que recogen su funcionamiento.

Piro nos compartió cómo reaccionaron partidos y organizaciones marxistas y anarquistas a la lucha de esxs invertidxs en los años setenta y ochenta por hacerse visibles y acabar con la marginación -las conocidas manifestaciones de liberación gay en ciudades como Barcelona u otras recientemente recuperadas en publlicaciones como Lunática de Andrea Momoitio; reacción de esas organizaciones que fue siempre a rebufo de las vistosas y combativas manifestaciones de las personas disidentes de género, y con niveles de sinceridad variables. El activismo queer fue lo bastante combativo y visible -y arriesgado- como para hacer ineludible el posicionamiento o la maduración -para el caso, el periódico CNT, que si en algún momento dio difusión a humores dudosos, como el de que es lo mismo orgullo gay y orgullo tuberculoso, paso en los ochenta y noventa a ser un potente altavoz de la disidencia de género.

Si Invertidos y rompepatrias -del que se vendieron veinte ejemplares en la charla- recuerda cuantos melones abrió el activismo de disidencia sexual en los setenta y ochenta, la intervención de Piro y el debate posterior pusieron sobre la mesa que muchos de esos melones, si alguna vez se abrieron, se han vuelto a cerrar e incluso aspiran a petrificarse -vanamente-.  Inevitable recomendar la lectura de Invertidos y rompepatrias, tanto por conocimiento como para estimular la reflexión sobre la situación actual,  y necesario recordar que la bitácora de internet donde el texto se alojaba gratuitamente ha sido barrido por una de las medidas contra el «terrorismo digital» del actual gobierno USA.

Por una circunstancia sobrevenida, la compañera Lourdes no pudo estar con nosotros en la sentada redonda, pero pudimos leer el texto de su intervención. Lo citamos a continuación,  por la reflexión que abre sobre todo lo anterior y sobre aspectos que en las organizaciones tenemos en cuenta menos de lo que debemos:

Bueno lo primero de todo dar las gracias por poder compartir este espacio de revisión y también de cuidados.

A mi me corresponde la parte final y también escrita desde la visión más reflexiva, y aunque crea que algunas de esas reflexiones puedan considerarse evidentes siempre es muy útil y conveniente refrescarlas, desde mi punto de vista, para generar debate en torno a ellas a raíz de este tipo de publicaciones y en estos encuentros….

Cuando hablamos de Invertidos y rompepatrias y de Invertidos, provincianos y maleantes, hablamos de algo que va mucho más allá de recuperar una memoria de persecución.

Hablamos de cómo una sociedad construye a quienes considera indeseables, de cómo los nombra y los sitúa fuera de los límites de lo aceptable. Y hablamos también de cómo esas categorías sirven para justificar que otras personas, instituciones y autoridades decidan sobre nuestras vidas.

Las palabras invertido, vago o maleante no solo formaban parte de una manera de ordenar el orden por establecer, sino que permitían señalar quién se apartaba de la sexualidad legítima, quién no respondía a las expectativas de productividad y disciplina o quién podía ser considerado una amenaza para el orden establecido. Bajo esas denominaciones se mezclaban conductas, formas de vida, posiciones sociales y disidencias que no tenían por qué guardar relación entre sí. Lo que las unía era que se las consideraba incompatibles con el modelo de sociedad que se pretendía imponer.

Nombrar a alguien de una determinada manera permitía dejar de mirarlo como una persona concreta, con una historia y unas condiciones materiales propias. La etiqueta hacía el trabajo de la explicación. Ya no había que preguntarse por qué alguien vivía de una forma determinada, qué desigualdades atravesaban su existencia o qué relaciones de poder estaba cuestionando. Bastaba con señalar lo que supuestamente era.

Y esta es una de las cuestiones que me interesa recuperar de estos libros: no solo quiénes fueron perseguidos, sino cómo una organización social llega a producir y necesitar a sus propios sujetos indeseables. Porque el problema no desaparece cuando dejamos de utilizar determinadas palabras, lo que considero que hay que preguntarse es qué categorías ocupan hoy su lugar, qué función cumplen y qué relaciones de poder contribuyen a sostener.

No se trata de establecer equivalencias fáciles entre épocas pero sí cabe preguntarnos qué permanece en los mecanismos que distinguen entre quienes encajan en el orden social y quienes terminan siendo presentados como un problema para él y para su sostenibilidad.

Y para comprenderlo, quizá tengamos que retroceder mucho más en nuestras propias historias de vida.

Desde la infancia, la familia, la escuela y nuestro entorno comienzan a establecer expectativas sobre cómo debemos comportarnos, aprender, relacionarnos y responder a la autoridad. La escuela, por ejemplo, no se limita a transmitir conocimientos. También participa en la reproducción de determinadas normas sociales y culturales. Y no todos llegamos a ella en las mismas condiciones ni sufrimos las consecuencias de no encajar de la misma manera.

No es lo mismo crecer con estabilidad económica, tiempo disponible, una vivienda adecuada y redes de apoyo que hacerlo en un entorno atravesado por la precariedad. Sin embargo, las trayectorias escolares, ya desde el inicio, pueden acabar interpretándose como si esas condiciones materiales no existieran. Lo que tiene su raíz en una desigual distribución de recursos termina apareciendo como una diferencia individual de capacidad, esfuerzo o comportamiento ya desde que somos niñes.

Así empiezan a construirse algunas de las primeras etiquetas: el chaval problemático, el desobediente, el conflictivo, el que no se adapta… de igual modo, comienzan a sostenerse las primeras medidas punitivas de reorganiazacion de la conducta, de control y de separación entre quienes sí se ajustan a lo correcto y quienes no consiguen estar a la altura, sin entrar en ningún tipo de valoración más profunda que la otorgada por la etiqueta cruelmente seleccionada. Cómo continúa la persecución y el castigo a partir de este punto, sería lo que nos trae hoy a esta charla.

Con el paso de los años cambian las instituciones y las exigencias. Aparecen otras formas de clasificación relacionadas con el rendimiento, la empleabilidad, la responsabilidad o la autonomía. Y una trayectoria atravesada por condiciones sociales acaba siendo interpretada como un problema que pertenece exclusivamente a quien las vive.

Aquí, a mi juicio encontramos una operación fundamental del sistema: convertir irremediablemente las consecuencias estructurales en características individuales de las personas que las experimentan, es decir, la responsabilidad de la exclusión acaba desplazándose hacia quienes han sido situados en ella.

Esta lógica explica que, para que un sector de la población puede permitirse determinados comportamientos porque dispone de recursos económicos, reconocimiento y, sobre todo, redes de protección, otras personas quedan expuestas a la precariedad, la vigilancia, el aislamiento o la intervención institucional. La desviación no se define al margen de esas relaciones. Importa quién establece las normas, quién tiene capacidad para aplicarlas y quién dispone de recursos para evitar sus consecuencias.

La normalidad, como palabra para eliminar cualquier explicación crítica al sistema, no es una medida neutral: también está construida desde posiciones de poder, y no puede entenderse al margen del capitalismo. Un sistema que organiza nuestras vidas alrededor de la productividad, la propiedad, la competencia y el trabajo asalariado establece también criterios sobre qué comportamientos considera útiles, responsables o aceptables.

Pero la exclusión no es un fallo que ese sistema todavía no ha conseguido corregir. Desde una perspectiva de clase, debemos analizar cómo la existencia de poblaciones precarizadas, señaladas o consideradas prescindibles contribuye a sostener las relaciones de poder existentes. El trabajador que teme perder su empleo conoce las consecuencias de quedarse fuera. Quien conserva cierta estabilidad teme perderla. Quien no ha sido señalado aprende qué comportamientos debe evitar para no ocupar ese lugar.

De esta manera, los márgenes no afectan únicamente a quienes son desplazados; también ayudan a disciplinar a quienes permanecen dentro. La figura del vago, del irresponsable o del inadaptado sirve para establecer una frontera moral entre quienes supuestamente cumplen con sus obligaciones y quienes deben justificar continuamente su existencia y sostener las consecuencias de quedarse fuera . Esa frontera presenta desigualdades estructurales como si fueran el resultado natural de decisiones individuales: la pobreza o la falta de empleo se convierten en falta de esfuerzo; la resistencia a la autoridad, en un perfil problemático; las dificultades para responder a las exigencias sociales, en algo que debe corregirse interviniendo sobre el individuo. El sistema conserva sus condiciones de funcionamiento y quienes no pueden o no quieren ajustarse a ellas terminan convertidos en el problema.

Aquí aparece una dimensión que me parece especialmente importante: la patologización de las historias de vida. Es necesario analizar cómo una historia atravesada por condiciones materiales precarias, desigualdades, relaciones de autoridad y experiencias de exclusión puede acabar interpretándose principalmente a través de una categoría clínica o jurídica.

Porque una vida no comienza cuando aparece un diagnóstico. Antes ha existido una infancia, una familia, una determinada posición de clase, una experiencia escolar, unas condiciones laborales, unas relaciones sociales y, en muchos casos, sucesivas experiencias de clasificación institucional. Sin embargo, cuando una categoría diagnóstica pasa a ocupar el centro de la explicación, la historia deja de existir. Aquello que se ha construido a lo largo de una trayectoria vital termina interpretándose como una característica fundamental y definitoria de la persona. La explicación se desplaza, una vez más, desde las relaciones sociales hacia el individuo. Y la intervención puede concentrarse en modificar su conducta o su capacidad de adaptación sin cuestionar mínimamente las condiciones materiales que atraviesan su existencia.

No debemos olvidar que el conocimiento experto se constituye en autoridad sobre la vida de otras personas. Si alguien rechaza una intervención, se considera que no comprende su situación; si cuestiona una decisión, su desacuerdo se interpreta como parte del problema. La palabra de quien ha sido previamente clasificado pierde valor frente a la interpretación elaborada desde fuera.

No estamos hablando solo de diagnósticos o de tratamientos, sino de sociedades que convierten el sufrimiento, la desobediencia o las formas de vivir que no encajan en cuestiones que deben administrarse sobre el individuo. Se patologizan experiencias sin cuestionar las condiciones que las atraviesan. La autoridad establece qué es normal, quién necesita ser corregido y qué margen conserva para decidir por sí mismo. Lo que se presenta como una cuestión personal deja intacta la organización social que contribuye a producirla.

Y esa misma lógica nos conduce al sistema penal y a la cárcel -y al manicomio, apostilló la persona que leía este texto-. Históricamente, el castigo no respondía únicamente a lo que alguien había hecho; también recaía sobre aquello que representaba, sobre su forma de vivir y su distancia respecto a la norma. La prisión materializaba esa frontera entre las vidas consideradas aceptables y las que debían ser apartadas.

La cárcel no es un espacio ajeno a las desigualdades que organiza la sociedad. El sistema que produce pobreza, precariedad y exclusión dispone después de instituciones para castigar y administrar sus consecuencias. No todas las personas llegan ante la mal denominada justicia con los mismos recursos, ni todas las violencias reciben la misma respuesta. Mientras quienes concentran propiedad y poder encuentran a su alcance todas las vías de protección posibles, quienes viven en los márgenes están expuestos a vigilancia, criminalización y encierro sin apenas posibilidad de revertir ninguno de sus efectos. Así, el castigo contribuye a preservar un orden profundamente desigual y a presentar su defensa como una necesidad colectiva.

Por ello, debemos discutir la legitimidad de un sistema que responde al conflicto y a la diferencia mediante el encierro, el aislamiento, la obediencia impuesta y la pérdida de autonomía. La palabra reinserción tampoco resulta inocente cuando significa devolver a alguien a las condiciones que contribuyeron a situarlo en los márgenes. Psiquiatrización y penalización pueden encontrarse así en un mismo punto: convertir un problema social en una identidad individual y ofrecer como respuesta la corrección de quien lo encarna.

Por eso los márgenes no son una anomalía que el sistema no ha sabido resolver. Son inherentes a una organización social que necesita jerarquías para mantenerse y cumplen una función en su reproducción. La existencia de personas consideradas peligrosas, incapaces o improductivas legitima la vigilancia, la tutela y el castigo, pero también enseña al resto hasta dónde puede apartarse de la norma. El privilegio necesita esa frontera: permite concentrar recursos y capacidad de decisión mientras responsabiliza a quienes quedan fuera de las condiciones que los han expulsado.

Y aquí entramos también nosotres. Sería demasiado cómodo dirigir esta crítica únicamente hacia las instituciones y no mirar nuestros propios espacios políticos. La militancia no nos coloca automáticamente fuera de las relaciones de poder. También podemos reducir a una persona a sus errores, decidir quién merece ser escuchado y convertir el desacuerdo en una amenaza. Incluso en organizaciones horizontales existen jerarquías construidas desde la experiencia, el reconocimiento, las redes personales o el tiempo disponible. La clase social atraviesa también las asambleas: no participa en las mismas condiciones quien dispone de estabilidad que quien vive entre trabajos precarios y responsabilidades de cuidados.

La respuesta a los conflictos es una prueba especialmente difícil. Si queremos romper con la lógica punitiva, no podemos reproducir sin más el señalamiento, el silenciamiento y la expulsión como formas automáticas de resolverlos. Afrontar los daños, sostener a quienes los sufren y asumir responsabilidades colectivas exige algo más que reproducir la misma maquinaria de clasificación que denunciamos. La horizontalidad tiene que existir precisamente cuando aparece la diferencia, cuando alguien disiente y cuando las respuestas fáciles dejan de servir o ser cómodas.

Y con esto volvemos al punto de partida. Quizá lo más importante no sea buscar quiénes son hoy los nuevos vagos y maleantes, porque eso nos devolvería a la costumbre de observar a quienes están en los márgenes y no a las relaciones que los producen. La transformación no consiste en ampliar la lista de quienes merecen ser considerados normales, sino en cuestionar por qué la normalidad funciona como una medida de valor y por qué alejarse de ella permite justificar la subordinación.

Dejo dos reflexiones para el debate. La primera: una sociedad que necesita fabricar vidas prescindibles para sostener los privilegios de unas pocas personas no está fracasando al producir exclusión; está mostrando una parte esencial de su funcionamiento. No basta con cambiar las etiquetas ni con humanizar sus instituciones si siguen intactas las relaciones económicas y de poder que necesitan esos márgenes.

La segunda nos compromete directamente: ninguna práctica emancipadora puede construirse administrando de otra manera a las personas que el sistema declara problemáticas. Nuestro desafío es levantar relaciones capaces de afrontar las diferencias, los conflictos y los daños sin convertir la autoridad, la patologización o el castigo en la respuesta habitual. Relaciones en las que nadie tenga que demostrar constantemente que merece ser escuchado, reconocido y capaz de decidir sobre su propia vida.

Y esperando que este sindicato y sus colectivos afines seamos capaces de hacer efectivo ese compromiso, pasamos de la letra al terreno de los hechos cerrando esta crónica.


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