DOSIER: La lucha de las mujeres | Ilustración de Raulowsky | Extraído del cnt nº 431
Ya hace cuarenta años que la industria del calzado en Elche se apuntó a la era de la globalización, deslocalizó centros de trabajo y los que quedaron en la ciudad vieron reducido su volumen y sus funciones. Bajo la consigna de abaratar la producción al máximo pero siempre manteniendo el “Made in Spain” para no perder subvenciones, los empresarios se emplearon a fondo en vender que hacían un zapato de calidad, ocultando que lo conseguían a costa del trabajo esclavo de miles de personas, mujeres en su gran mayoría. Los empresarios decidieron dispersar la cadena productiva y atomizar al máximo las plantillas. Las mujeres volvieron a sus casas o a talleres clandestinos en aras de una dudosa conciliación y, desde entonces, solas, cada una con su máquina, han tenido que hacer la guerra por su cuenta para sobrevivir.
Las aparadoras, mujeres que cosen las distintas piezas que componen un zapato, son esenciales en la industria y, al mismo tiempo, son el eslabón más débil. A pesar de que el Convenio Colectivo del sector reconoce el contrato domiciliario como un derecho, nadie lo pone en práctica. Las mujeres que trabajan en sus casas realizan jornadas de 10 horas diarias de media, cobran a destajo, por par realizado, pagan la luz, las agujas, el hilo, la máquina con la que trabajan, y dependen de un intermediario que puede cambiarles el precio del par de un día para otro, siempre a la baja. Quejarse supone quedarse sin faena y pasar a formar parte de una lista negra de trabajadoras rebeldes a las que nadie quiere ni explotar. En los talleres clandestinos, la situación es la misma. Cuando trabajan en interior, en fábricas, puede que consigan optar a un contrato de unos meses que no reconoce la totalidad de la jornada trabajada o que les obliga a ellas a pagar la parte de la Seguridad Social. Empleos todos en los que la violencia es el pan nuestro de cada día, las amenazan para que acepten condiciones indignas y terminen cobrando sesenta céntimos por un par de sandalias que la marca vende en el mercado por cientos de euros. Pueden prometerles cobrar 1,75 euros por par pero al final pueden terminar cobrando 1,50. Nada garantiza ni precio, ni trabajo más allá del día a día. Obviamente, no tienen derecho a paro, a baja por enfermedad, a días libres, a nada.
Las aparadoras, mujeres que cosen las distintas piezas que componen un zapato, son esenciales en la industria y, al mismo tiempo, son el eslabón más débil
En este contexto, hay que destacar que la industria del calzado arroja resultados millonarios. En 2020, en plena pandemia, el sector facturó aproximadamente 2.646 millones de euros. Mientras, las aparadoras que se quedaron sin su trabajo se organizaron para coser mascarillas gratis. Los datos de la Agencia Tributaria de 2021 situaron a tres barrios de Elche (Carrús, El Toscar y SectorV-El Plà), entre los de renta más baja de toda España, atendiendo a una estadística por IRPF de códigos postales. En la radio local y en webs de búsqueda de empleo aparecen anuncios que demandan aparadoras para “exterior” (taller o domicilio). Empleos indignos, sin contrato y con sueldos de miseria para un sector feminizado que agrupa a mujeres que no cotizan, no tributan, no existen. Una foto evidente de la economía sumergida que las administraciones se empeñan en ignorar y en no investigar.
La desidia administrativa es un hecho flagrante. El Ayuntamiento tiene colgado en su web de la Agenda 2030 un estudio de 2017 en el que la Universidad Miguel Hernández analizaba la percepción de los ilicitanos sobre la economía sumergida y concluía que “casi el 90% de la población opina que estas prácticas son frecuentes o muy frecuentes” y que, según un 53% de los encuestados, “el colectivo apuntado como el más beneficiado por la economía sumergida es el de los empresarios”. Un estudio de la Universidad de Alicante de 2018 (La economía sumergida en la provincia de Alicante: el juego de las máscaras), afirmaba que un 88% el trabajo del aparado se hacía en la economía sumergida y calculaba que había más de 7.300 mujeres trabajando sin contrato. La propuesta del Ayuntamiento de Elche para atajar la situación fue, en 2018, fomentar el autoempleo e impulsar la responsabilidad contra el fraude fiscal, equiparando en responsabilidades a trabajadores y empresarios. La cínica propuesta pretendía abordar la cuestión desde una “perspectiva positiva”. La prometida Mesa de Economía Sumergida sigue sin convocarse.
Problemas de lumbares, cervicales, de circulación, depresión, la «parálisis del calzado» o el «síndrome de la mano muerta» son algunas de las consecuencias de años trabajando sin prevención de riesgos laborales
Al mismo tiempo, en la web de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (AVECAL), podemos ver una sección de noticias apoyada por el Ayuntamiento de Elche o una serie de convenios con el propio Ayuntamiento o la Generalitat Valenciana. Los organismos públicos niegan la tremenda realidad de la economía sumergida y evitan enfrentarse con sus máximos responsables, los empresarios.
Mientras, ya ha llegado a la edad de la jubilación la primera generación de mujeres explotadas y lo hacen en unas condiciones físicas penosas por lo duro del trabajo y sin una cotización mínima que les garantice una renta digna de supervivencia. Problemas de lumbares, cervicales, de circulación, depresión, la “parálisis del calzado” o el “síndrome de la mano muerta” son algunas de las consecuencias de años trabajando sin prevención de riesgos laborales, exponiéndose a emanaciones tóxicas de los productos con los que trabajan en sus domicilios y realizando jornadas maratonianas. La Asociación de Aparadoras y Trabajadoras del Calzado de Elche, constituida en 2018, lucha para que se reconozcan los años trabajados y puedan optar a una jubilación digna, para que se reconozcan las enfermedades propias, solicitan ayudas a la creación de cooperativas y que se cumpla el Convenio Colectivo. En 2021 recogieron más de 45.000 firmas de apoyo al reconocimiento de los años trabajados que presentaron en el Ministerio de Trabajo. Hasta ahora, las administraciones les han escuchado y les han expresado su apoyo, pero siguen sin realizar ninguna acción que revierta esta situación.
